Catalunya desafía a España?

El Parlamento de Catalunya ha aprobado este lunes 09/11 la propuesta de resolución pactada por Junts pel Sí (JxS) y la CUP que proclama el inicio del proceso hacia la independencia. Los 62 diputados de Junts y los 10 de la CUP han aprobado, en un pleno extraordinario, el texto de inicio del proceso independentista, en una sesión que ha durado más de 2 horas. Los secesionistas han validado, 1 por 1, los 9 puntos y el anexo. Otra propuesta de Catalunya Sí que es Pot, que pedía un plan de rescate ciudadano y el inicio de un proceso constituyente, ha sido rechazada. El Gobierno de Mariano Rajoy ya ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional. Rajoy prevé impugnar la resolución el martes, después de escuchar el parecer del Consejo de Estado, que se reuniría a primera hora de la mañana para emitir su informe y, una vez cumplido ese trámite, lo haría el Consejo de Ministros para autorizar el recurso.
La mayoría independentista del Parlament ha aprobado la propuesta de resolución con la que se declara solemnemente el "inicio de creación del Estado catalán independiente en forma de república", una moción con la que los independentistas pretenden iniciar el proceso de ruptura con España. Los votos de Junts pel Sí (62) y la CUP (10) han sido suficientes para luz verde a la moción, que finalmente fue votada en contra por los diputados de Catalunya Sí que es Pot. 

 
Tras la lectura de la resolución, han sido votados por separado cada uno de los puntos de la moción y mediante el método ordinario, a pesar de que los grupos de la oposición habían solicitado un voto a viva voz de todos los diputados. La propuesta fue rechazada por los diputados de Junts pel Sí y la CUP.
 
En total ha habido 10 votaciones, 1 para cada punto de la resolución, más 1 anexo; el diputado de JxS Germà Bel no ha logrado votar a favor del 1er. punto por un problema técnico que inmediatamente ha podido solucionar con la ayuda de Oriol Junqueras, mientras que uno de los diputados del PP ha sufrido el mismo percance y se ha quedado sin poder votar en 2 de los puntos.
 
Al término de las votaciones, los 11 diputados del PP han desplegado desde su escaño banderas catalanas y españolas, mientras que los 11 parlamentarios de Catalunya Sí que es Pot han exhibido carteles en los que defendían un "referéndum".
 
"Están contemplados todos los escenarios", confesó un miembro del Gobierno español a la pregunta que el presidente, Mariano Rajoy, rehúsa responder en público: "¿Qué va a ocurrir si la Generalitat y el Parlament desobedecen las resoluciones del Tribunal Constitucional?".
 
A cortísimo plazo, la gestión del problema catalán determinará en gran medida quién va a gobernar el país a partir del 20/12.
 
El presidente del Gobierno es consciente del reto al que va a enfrentarse a partir de hoy. Y, por ello, no ha dejado nada a la improvisación. 
 
"Rajoy lo tiene muy claro", asegura una de las personas que ha participado en las reuniones secretas que se han mantenido a lo largo de la última semana para contemplar las medidas a adoptar en los distintos escenarios.
 
Aunque, formalmente, no se pueda decir que se haya establecido un 'gabinete de crisis', en la práctica, se han creado grupos de trabajo en los ministerios implicados que han sido coordinados por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y, en última instancia, por el propio Rajoy, para establecer las prioridades y la gradualidad de la respuesta en función de los pasos que se den desde las instituciones de Catalunya. 
 
Los departamentos afectados en la elaboración de los 'dossiers' sobre Cataluña han sido: Justicia, Hacienda y Administraciones Públicas, Economía, Interior, Exteriores y, por supuesto, Presidencia del Gobierno.
 
El calendario está claro: luego de aprobarse la resolución de ruptura con España; inmediatamente se producirá la reunión urgente del Consejo de Estado en Madrid para dar luz verde a su preceptivo informe al Gobierno (ya prácticamente redactado) para justificar el recurso de inconstitucionalidad; el martes 10/11, a más tardar, el miércoles 11/12, se reunirá el Consejo de Ministros para aprobar la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional. 
 
El jueves 12/11, el TC ordenará la suspensión de los acuerdos que contempla la resolución que se aprueba hoy.
 
El Gobierno juega con una 1ra. hipótesis: el Parlament no dará pasos efectivos, como la creación de organismos para poner en marcha una Hacienda o una Seguridad Social propias, hasta después de las elecciones generales. Incluso, los actos de desobediencia efectiva, podrían retrasarse hasta la convocatoria de unas eventuales elecciones anticipadas en Catalunya, que se celebrarían en marzo.
 
Pero, ¿qué ocurrirá si se impone un calendario acelerado de desenganche con España? En ese caso, los pasos a dar que contempla el Gobierno serían los siguientes:
 
> Medidas económicas, como la suspensión de nuevas remesas del Fondo de Liquidez. La situación de ahogo financiero de la Generalitat es tal que, en unas semanas, dejaría de pagar a algunos proveedores e incluso tendría problemas para abonar las nóminas de sus funcionarios. En esa fase, destacados representantes de la burguesía catalana alzarían sus voces ante los perjuicios evidentes que acarrea la deriva independentista.
 
> Posterior a la primera fase o en paralelo, la Abogacía del Estado y la Fiscalía recurrirían por la vía penal contra los responsables de la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional. Artur Mas, o la persona que asuma la Presidencia de la Generalitat, y Carme Forcadell, presidenta del Parlament, están en el punto de mira de las querellas por posibles delitos de desobediencia e incluso rebelión.
 
> En caso de que persistieran los actos de ruptura de la legalidad, el Gobierno pondría en marcha la aplicación gradual del artículo 155 de la Constitución. El primer paso en esa tercera fase sería el de retirar a la Generalitat la competencia sobre la actuación como Policía de Seguridad Ciudadana de los Mossos d'Esquadra, que pasarían a depender directamente del Ministerio del Interior. En estos momentos, las labores de Policía Judicial en Cataluña siguen en manos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. 
 
En el informe realizado sobre los Mossos se ha detectado que una gran mayoría de sus efectivos -a excepción de unos 300 miembros catalogados de convencidos independentistas-, se mantendría fiel al ordenamiento constitucional.
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