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Descubren millonario negocio tras protestas de los mapuches

Por Fernando Guti茅rrez/EL OBSERVADOR

Por Fernando Guti茅rrez/EL OBSERVADOR
Controversia por caso Maldonado y reclamos por tierras ancestrales  AFP

 El caso Santiago Maldonado est谩 teniendo algunas derivaciones inesperadas. Adem谩s de generar la previsible alarma por una desaparici贸n en democracia y la presunta responsabilidad de la Gendarmer铆a, y m谩s all谩 del debate sobre el uso pol铆tico del asunto, tuvo el efecto de enfocar la atenci贸n de la opini贸n p煤blica sobre la comunidad mapuche de la Patagonia.

Maldonado era simpatizante de un grupo llamado Resistencia Ancestral Mapuche, que hasta hace dos meses solo era conocido por algunos pobladores de las provincias de Chubut, Neuqu茅n y Santa Cruz, pero que hoy se transform贸 en un tema recurrente en los medios de comunicaci贸n y las redes sociales.

En el ojo de la tormenta, este grupo tiene defensores y detractores. Para algunos, una leg铆tima forma de organizaci贸n para defender las reivindicaciones hist贸ricas de un pueblo originario que ha sufrido persecuci贸n y despojo durante dos siglos.

Para otros, en cambio, representa el peligroso embri贸n de un movimiento aut谩rquico, que no solo desconoce al Estado argentino sino que hasta quiere menoscabar su soberan铆a al formar una especie de enclave. Y que, en su af谩n reivindicativo, recurre a m茅todos violentos, como la extorsi贸n y el sabotaje, incluyendo agresiones a personas e incendios de propiedades.

Pero el punto menos conocido, que en estos d铆as est谩 saliendo a luz, es el de una extensa lista de negocios vinculados a las reivindicaciones. Ya sea en forma de pago por reparaci贸n ambiental, por derecho de uso de "tierras ancestrales" o por la contrataci贸n compulsiva de servicios tercerizados, las organizaciones mapuches han generado ingresos financieros nada despreciables sobre la base del reconocimiento estatal de su preeminencia hist贸rica.

Su ingreso m谩s importante est谩 vinculado al petr贸leo, la principal actividad econ贸mica en las provincias patag贸nicas. Y, m谩s espec铆ficamente, a la empresa YPF, ahora reestatizada luego de haber sido vendida al grupo espa帽ol Repsol en los a帽os 1990.

Las v铆as por las cuales estas organizaciones reciben dinero de las petroleras son, b谩sicamente, tres: los juicios de reparaci贸n por da帽os ambientales, el concepto legal de "servidumbre" por hacer uso de tierras ancestrales para una actividad de extracci贸n y la contrataci贸n de servicios tercerizados de estas mismas comunidades.

Por ejemplo, en los 煤ltimos tres a帽os, la comunidad Kaxipayi帽 cobr贸 unos US$ 10 millones, al tiempo que avanza un juicio por US$ 500 millones por concepto de da帽o ambiental en el yacimiento Loma de la Lata, en Neuqu茅n.

Aunque la defensa del medio ambiente es parte central de la ret贸rica de estos grupos mapuches, hay acusaciones en el sentido de que se trata de un ecologismo impostado, que en realidad solo es una excusa para obtener ingresos econ贸micos.

Quien hace esta acusaci贸n es principalmente YPF, que refiere que los propios grupos mapuches han obstaculizado, y en algunos casos, impedido, la aplicaci贸n de medidas para recuperar tierras afectadas por la explotaci贸n petrolera.

La acusaci贸n de la empresa es que la organizaci贸n mapuche presion贸 para que se contratara los servicios de una "consultora ambiental" de la propia comunidad, que ya lleva cobrado m谩s de U$S 500 mil.

La principal queja alude a la metodolog铆a extorsiva y violenta que estas organizaciones utilizan en su relacionamiento con las empresas de la regi贸n.

La contrataci贸n de los servicios de transporte, seguridad, limpieza y supuesta asesor铆a ambiental ocurre bajo presi贸n y, por cierto, en contrataci贸n directa y sin licitaci贸n. En las ocasiones en que las empresas se han negado a contratar esos servicios, la respuesta fueron los piquetes, las agresiones a los trabajadores y los cortes de accesos a las 谩reas de extracci贸n petrolera.

Abundan en esa zona las referencias a c贸mo los l铆deres de estas comunidades aumentaron en forma exponencial su patrimonio, al punto que se mueven en lujosas camionetas 4x4 e incluso hasta compraron caballos de carrera.

Llamativamente, las acciones conflictivas, que antes se limitaban a la zona de Loma de la Lata, est谩n ahora tambi茅n traslad谩ndose a Vaca Muerta, la regi贸n en la que hace pocos a帽os se descubri贸 un megayacimiento de petr贸leo y gas no convencional, y que est谩 en el inicio de su fase de perforaci贸n con el costoso m茅todo fracking.

Pero no solo el petr贸leo fue objeto de la protesta violenta. Tambi茅n se registr贸 una larga lista de ataques a estancias, en especial a algunas con due帽os extranjeros de alto perfil, como la del grupo italiano Benetton en la provincia de Chubut.

En esos campos, comprados por grupos extranjeros en los a帽os 1990 y que se dedican principalmente a la cr铆a de ganado ovino, se registraron agresiones a los puestos de guardia y ocupaciones ilegales de terrenos.

La argumentaci贸n es que se trata de tierras "ancestrales" que les pertenecen por derecho.
Se estima que las 谩reas reclamadas por estos grupos podr铆an valer m谩s de US$ 150 millones.
Ante la sucesi贸n de episodios violentos y por la repercusi贸n internacional negativa de estos hechos, el grupo Benetton est谩 reconsiderando la continuidad de sus negocios en el pa铆s.

Costumbres argentinas

A nivel medi谩tico los grupos mapuches corren con cierta ventaja en esta pulseada. Frente a las grandes corporaciones, la imagen de peque帽as comunidades ind铆genas que reclaman por la reparaci贸n hist贸rica tras m谩s de un siglo de despojos siempre es recibida con simpat铆a por parte de la poblaci贸n.

Sobre todo si esa poblaci贸n vive en Buenos Aires, alejada de la zona de conflictos cotidianos, y cultiva un perfil "progresista" que gusta del revisionismo hist贸rico y considera que episodios como la Conquista del Desierto"de fines del siglo XIX es asimilable a un genocidio.

Mientras se desarrolla ese debate en los c铆rculos intelectuales, los mapuches intentan reforzar su imagen a nivel mundial. La organizaci贸n Enlace Mapuche Internacional anunci贸 que presentar谩 una denuncia formal ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para acusar al gobierno argentino de incitaci贸n al odio 茅tnico y racial.

La base para esa denuncia es la insinuaci贸n realizada por parte de funcionarios del gobierno macrista en el sentido de que los mapuches argentinos podr铆an estar esponsoreados y financiados por organizaciones internacionales vinculadas a Gran Breta帽a, as铆 como de estar vinculados a actos de terrorismo ocurridos en territorio chileno.

Lo cierto es que, de ser ignorados durante d茅cadas, los mapuches pasaron a ocupar un lugar central en la pol铆tica y la atenci贸n medi谩tica.

De pronto, los argentinos empezaron a hablar sobre los lonkos, que dirigen a las comunidades organizadas en lofs y que son invitados a los estudios de televisi贸n. El rating y la controversia est谩n garantizados, porque los grupos m谩s radicalizados plantean expresamente su desconocimiento del Estado argentino y reivindican la lucha armada.

En todo caso, de lo que no se los puede acusar es de no seguir las m谩s arraigadas costumbres argentinas: la b煤squeda del subsidio continuo por parte del Estado y el uso de la extorsi贸n para lograr contratos son, desde hace d茅cadas, parte de la cultura sindical.

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