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La Corte Suprema le dio leña a Gildo y Bachelet hablo de arbitrariedades

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 La Corte Suprema intimó a Gildo Insfrán a garantizar los derechos humanos en los centros de aislamiento de Formosa

La Corte Suprema de Justicia intimó este jueves al gobernador Gildo Insfrán a garantizar los derechos humanos en los centros de aislamiento montados en Formosa para casos confirmados y sospechosos de coronavirus.



El gobierno formoseño había sido acusado por la oposición de llevar adelante una política de prevención sanitaria ante la emergencia por Covid-19 reñida con los derechos humanos. En los últimos meses, TN reflejó el aislamiento compulsivo de casos activos y bajo sospecha en el Estadio Polideportivo Cincuentenario y otros establecimientos, en condiciones de hacinamiento y sin distancia social entre sanos y contagiados.


En el pedido de informes, el máximo tribunal también exhortó al Gobierno provincial a llevar adelante un protocolo anticontagios que respete los DDHH. No es la primera vez que interviene ante las disposiciones sanitarias ordenadas por el mandatario: ya lo había hecho en noviembre del año pasado, cuando autorizó el ingreso de los varados.

La solicitud de la Corte llega horas después de que Insfrán, a raíz del fallo de la Justicia federal que permitió a un móvil de TN ingresar a la provincia, ordenara el desmantelamiento del principal centro sanitario, ubicado en la capital provincial.

Esto ya había ocurrido un mes atrás, previo a la visita del secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla a la provincia por las denuncias de maltratos y condiciones de hacinamiento en estos establecimientos.

Ahora, los ministros de la Corte reclaman saber si “el Centro de Atención Sanitaria ubicado en el Estadio Polideportivo Cincuentenario ha sido desactivado de manera definitiva, o si se trata de una resolución condicionada a la reducción en el nivel de contagios” y, en dicho caso, “bajo qué pautas se procedería a su reapertura”.

A su vez, el máximo tribunal consultó “si subsisten en actividad otros centros de internación que funcionen bajo las mismas condiciones” que las referidas por la Fiscalía de Estado de la Provincia de respecto del Estadio Polideportivo Cincuentenario.

En otro fragmento de la presentación, consultaron si el funcionamiento de esos centros cumple con “los protocolos para la protección de derechos humanos que deben respetar las autoridades provinciales que controlan y aplican la regulación sanitaria, incluso respecto de quienes cumplan cuarentenas domiciliarias”.


En esta sintonía, el máximo tribunal instó al Gobierno formoseño a “llevar a cabo el control y prevención de la propagación del virus COVID–19 con arreglo a los estándares constitucionales y convencionales concernientes a los derechos humanos”, así como de “brindar efectivo amparo a las personas cuyos derechos se ven amenazados o han sido ya vulnerados”.

El caso de Formosa llegó a la Corte Suprema por un planteo de hábeas corpus presentado por el senador radical Luis Naidenoff.


El 11 de febrero, una fiscal de Estado de Formosa señaló que el Estadio Polideportivo Cincuentenario, habilitado ante la irrupción de brotes epidemiológicos en diferentes localidades de la provincia, había sido desactivado ante la merma en el nivel de contagios.

En su resolución, la Corte Suprema subrayó que “las medidas que se adopten para hacer frente a la pandemia y conlleven la regulación de derechos fundamentales deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales”.

Michele Bachelet, sobre Formosa

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, respondió la carta que miembros de la UCR habían presentado ante el organismo en el que advertían sobre presuntas violaciones de los derechos humanos en Formosa a raíz de medidas contra la pandemia de coronavirus, y señaló que se deben respetar "las salvaguardas contra la arbitrariedad".

"El cumplimiento de cualquier restricción sobre la libertad de movimiento no puede justificar el recurrir al uso excesivo de la fuerza por parte de la policía; incluso durante estados de emergencia, el uso de la fuerza se rige por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y precaución", dice la nota.

Los titulares de los interbloques de Juntos por el Cambio y de los bloques de la UCR en ambas cámaras del Congreso, Luis Naidenoff (Senado) y Mario Negri (Diputados) habían enviado la carta el 26 de enero pasado para alertar a la ONU sobre medidas tomadas por el gobierno de Gildo Insfrán que, a su entender, lesionaban derechos fundamentales de los ciudadanos.



La ex presidenta de Chile sostuvo que "si bien el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos permite a los Estados la adopción de medidas excepcionales que podrían resultar en la suspensión de algunos derechos, éstas deberán ser limitadas estrictamente a las exigencias de la situación, han de ser necesarias y proporcionales al riesgo estimado, y es preciso que se respeten las salvaguardas contra la arbitrariedad".

"En este contexto, mi Oficina está dando seguimiento al impacto que tanto la pandemia como las medidas adoptadas por los Estados para su contención tienen en el goce efectivo de los derechos humanos de todas las personas, principalmente de las personas y poblaciones más marginalizadas, tanto en Argentina como en otros países de la región", resaltó.


"Reitero la predisposición de mi Oficina para brindar el acompañamiento y la asistencia técnica necesaria al Estado argentino para que las medidas de respuesta y recuperación ante la crisis de la Covid-19 sean respetuosas de los derechos humanos, y existan abordajes específicos para las poblaciones en situación de vulnerabilidad y asimismo para que las voces y la efectiva participación de las personas afectadas sean parte de la búsqueda de soluciones", destacó.

El senador Naidenoff agradeció a Bachelet por su respuesta porque en su nota "recuerda que las medidas excepcionales que suspenden derechos en el contexto de la pandemia siempre deben ser limitadas, necesarias, proporcionales al riesgo, y deben respetar las salvaguardas contra la arbitrariedad y nunca puede justificarse el uso excesivo de la fuerza".

TN/PERFIL

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